La Junta de Castilla y León, para evitar “el colapso y estancamiento” de las empresas contratistas que se han visto perjudicados por el incremento del coste de las materias primas en el actual contexto de recuperación económica, pondrá en marcha distintas medidas por un importe de 37 millones de euros, al objeto de permitir la ejecución de los contratos públicos.
